La controversial ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación) ha perdido mas soporte en Europa luego de que Bulgaria y Países Bajos se rehusaron a firmar el acuerdo debido a preocupaciones por la privacidad de los consumidores y derechos humanos. Estos dos países se unen a Alemania y Polonia, que tampoco quisieron firmar.

El Ministro de Economía de Bulgaria Traicho Traikov dice que su país no firmará el acuerdo en su forma actual ya que siente que limita la libertad de descargar películas y músicas sin costo e incentiva la vigilancia por internet. “Yo presentare una propuesta ante los Ministros para evitar que Bulgaria firme el Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones,” expresó el empleado publico para el Guardian.

“La sociedad de Bulgaria no esta lista para aceptar mecanismos que generan sospechas sobre la violación a los derechos de expresión y libertad en el internet,” comentó Traikov. La descarga de películas y música es común en ese país, por lo que muchos de sus ciudadanos están preocupados de que con la firma del tratado muchas personas pobres terminen en la cárcel por la descargar ilegal de contenido.

El sábado pasado, más de 4000 personas marcharon en protesta a través de la capital Sofía, pidiendo al gobierno que no firmen el acuerdo. Demostraciones similares se realizaron en otras partes de Europa, como Francia, Alemania e Irlanda.

Países Bajos se une a las naciones que no quieren apoyar este acuerdo anti-piratería. El congreso de este país argumentó que necesitan evitar que se firme este tratado en su forma actual por lo menos hasta que se realicen las investigaciones necesarias y se establezca que no es una amenaza contra los derechos o privacidad de sus usuarios.

Aunque Alemania, la economía nacional más grande de la Unión Europea, se niega a ratificar el ACTA, la mayoría de los países miembro ya han firmado. En total, 22 países de la UE han firmado el acuerdo, y estos se unen a los EE.UU. que firmó en octubre del año pasado además de Australia, Canadá, Japón y Corea del Sur.

Puede que ACTA tenga el apoyo de la mayoría de los países de la Unión Europea pero aun tiene que pasar por el Parlamento en junio antes de que pueda entrar en vigencia. Sin embargo, el acuerdo enfrenta cada vez mas presión y oposición de los residentes de la UE.